La lucha por las fronteras marítimas de Colombia es un asunto de importancia para el país, más aun desde el momento en que la corte de la Haya para el año 2012 fallo sobre el litigio entre Nicaragua y este país.

La sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia el 19 de noviembre de 2012, fue un paso, que si bien, envés de terminar con la disputa territorial entre los dos países, lo que hizo fue dar pie a una lucha con mayor fuerza por parte de Colombia, de defender su territorio en pro de conservar sus límites que por muchos años han sido conservados de la manera como están hasta el momento.

Para recordar, el dominio de los territorios de las islas de del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y la costa de Mosquitos fueron entregados a lo que fue la Nueva Granda en 1803 por España quien los anexó política y administrativamente al entonces Virreinato por medio de la Real Orden de San Lorenzo. Dicha orden estipulaba consagradamente que se le despojaba a la capitanía general de Guatemala dichos territorios, para ser entregados al Virreinato de Santa Fe, decisión tomada bajo solicitud del entonces gobernador de San Andres de que tanto estas tierras como las costas de Mosquito dependieran del Virreinato. Desde entonces la orden ha estado vigente sin derogación alguna, siendo rectificada por otra Orden Real, expedida el 26 de marzo de 1805.

Sin embargo Nicaragua no ha dejado de pelear por dichos territorios, en una pelea de más de 200 años en donde por primera vez en el 2012 el fallo fue a favor de este país. La noticia nunca dejo que Colombia bajara la guardia y hasta el momento, a más de 4 años después de la sentencia se sigue el proceso por los aportes en la defensa de los interés particulares de cada uno de las dos partes.

En este sentido para el 28 de septiembre del presente año Colombia presentará su defensa ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya. Según el representante a la Cámara por San Andrés, Jack Housni, Colombia responderá a dos demandas por parte del otro país en cuestión. La primera referente al supuesto incumplimiento de Colombia al fallo de noviembre de 2012 y la segunda sobre la plataforma continental extendida, que para el país centroamericano debe superar las 200 millas náuticas desde su costa, pero que claramente no están aún definidos.